La Convención de la Haya sobre Ejecución de 2019 y el efecto en la selección del arbitraje internacional como método de resolución de conflictos

Editor’s Note: This piece is part of our on-going Spanish-publication series.

English Language Summary: On 2 July 2019, the delegates of the 22nd Diplomatic Session of the Hague Conference on Private International Law signed the Final Act of, and thus adopted, the 2019 Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Judgments in Civil or Commercial Matters. This article analyzes its effect in the choice of international arbitration as a dispute resolution mechanism.

Una encuesta de la Queen Mary University of London del año 2015 concluyó que la primera razón por la cual las partes prefieren el arbitraje por sobre la litigación en cortes nacionales es la mayor facilidad para ejecutar los laudos y los acuerdos arbitrales. Ello no es de extrañarse. Por un lado, los procedimientos de exequatur son generalmente onerosos, largos y muchas veces implican una revisión de los méritos por parte de las cortes del Estado en que la decisión se pretende reconocer o ejecutar. Por otro lado, la Convención sobre el Reconocimiento y la Ejecución de las Sentencias (Convención de Nueva York de 1956) y sus 161 países signatarios, han demostrado ser un instrumento fiable a la hora de ejecutar los laudos arbitrales.

El 2 de julio de 2019, los delegados de la XXII Sesión Diplomática de la Conferencia de la Haya en Derecho Internacional Privado (COHADIP) adoptaron la Convención sobre el Reconocimiento y la Ejecución de las Decisiones Extranjeras en Materias Civiles y Comerciales (Convención de la Haya sobre Ejecución de 2019, traducción libre del inglés), la cual obliga a los países contratantes a reconocer y ejecutar las decisiones dictadas en materia civil y comercial por las cortes de alguno de los otros Estados contratantes, sin necesidad de una revisión extensiva en los méritos de la decisión. El Artículo 7(1) de la nueva Convención prevé un listado taxativo de circunstancias bajo las cuales se podría rechazar el reconocimiento y ejecución, el cual incluye la falta de notificación debida al demandado, fraude en la obtención de la decisión, y manifiesta incompatibilidad con el orden público del Estado en que se pide el reconocimiento y ejecución, entre otras.

En palabras del Secretario General de la COHADIP, Dr. Christophe Bernasconi, la adopción de esta Convención viene a “llenar un vacío importante en el panorama del derecho internacional privado”. Se espera que la Convención de la Haya sobre Ejecución sirva para aumentar la seguridad y predictibilidad, promover un mejor manejo de los riesgos transaccionales y asociados a la litigación, y disminuya los tiempos necesarios para el reconocimiento y ejecución de las decisiones dictadas en otras jurisdicciones.

El mayor o menor éxito de esta nueva Convención—que hasta ahora tiene a Uruguay como único país signatario—dependerá en gran parte de la aceptación con que cuente dentro de la comunidad internacional. Sin embargo, aun cuando la Convención de la Haya sobre Ejecución sea adoptada por un gran número de estados, es improbable que ello tenga un impacto directo en el la popularidad del arbitraje internacional. Estas razones son prácticamente las mismas a las que en su momento se expusieron para sustentar este mismo argumento, pero respecto a la Convención de la Haya sobre Elección de Foro de 2005.

En primer lugar, la Convención de la Haya sobre Ejecución tiene un ámbito de aplicación limitado (el Artículo 2 contiene una lista de 17 materias a las que la Convención no se aplica), en comparación con la Convención de Nueva York que remite dichas exclusiones a la legislación nacional del país en que se pide el reconocimiento y la ejecución (ver Artículo V(2)(a) y (b) de la Convención de Nueva York).

En segundo lugar, el Artículo 4 de la nueva Convención establece que las cortes de un Estado contratante deben proceder a ejecutar una decisión de otro Estado contratante sin revisar los méritos de la misma. De manera similar, el Artículo III de la Convención de Nueva York señala que las cortes de los Estados contratantes deben reconocer la autoridad de la sentencia arbitral y conceder su ejecución de conformidad con sus normas procedimentales, tal como si se tratase de un laudo doméstico. Sin embargo, la Convención de Nueva York va más allá y expresamente prohíbe la imposición de condiciones más rigurosas u honorarios más elevados, que los aplicables a la ejecución de las sentencias arbitrales nacionales. Mientras, la Convención de la Haya sobre Ejecución no contiene una prohibición similar.

En tercer lugar, la nueva Convención autoriza a las cortes nacionales para rechazar el reconocimiento o ejecución de una decisión, si ésta es inconsistente con una decisión doméstica entre las mismas partes—sin importar la materia de que trate o la acción que se hubiere incoado. En cambio, no existe una circunstancia análoga a esta en el Artículo V de la Convención de Nueva York.

Finalmente, la referida encuesta de la Queen Mary University of London señala que la segunda razón (con una diferencia de tan solo el 1%) por la cual las partes prefieren el arbitraje por sobre la litigación en cortes nacionales es evitar determinados sistemas legales o cortes nacionales. Por lo tanto, al menos por ahora, parece improbable que la Convención de la Haya sobre Ejecución se convierta en una amenaza para el arbitraje internacional.

Sources:

By Francisco Sepúlveda, Junior Staffer

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